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23/04/2020 04:17:17

OPINIÓN: Un sector olvidado (XXVIII)


Un sector olvidado (XXVIII)

Manu Sánchez, Responsable Geet Plataforma en defensa del servicio público del taxi

 

El servicio público del taxi es un sector determinante en cualquier economía, tanto por sí mismo, como por su influencia en los demás sectores económicos. Aunque tiene un importante papel en asegurar la cohesión económica y social, al impedir el aislamiento de las zonas urbanas e interurbanas, sin embargo, en cuestión de ayudas económicas que vengan a favorecer el servicio público del taxi en aras de los ciudadanos y de una mejor movilidad urbana, donde las administraciones competentes enfoquen "para el ciudadano, por el ciudadano y con el ciudadano", no se sabe por qué, pero como que no existimos.

 

Por eso, muchas veces me he preguntado qué interés despertamos para políticos y administraciones públicas respecto con este servicio y sus prestadores que lo manejan a su antojo según les convienen. De por qué no están llegan los fondos europeos desde el programa Horizonte 2020 a un servicio público imprescindible y estratégico como nuestro sector. No quisiera pensar que quizás el total de dichas partidas económicas podrían haberse canalizado íntegramente al transporte público colectivo.

 

Hoy con el actual panorama del Coronavirus que ha paralizado la totalidad de las actividades, en especial los desplazamientos de las personas ante la necesaria medida de confinamiento promulgada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, tanto el gobierno de la nación como el gobierno autonómico, procesan diversos paquetes de medidas de ayudas económicas que aprobadas a ciertas estructuras de autónomos y Pymes vuelven a olvidarse del autónomo del taxi.

 

Los taxistas nuevamente observamos atónitos que no quieren aplicar ninguna receta para este colectivo tan vulnerable incrustado en la economía globalizada. Para tener acceso a las ayudas, establecen unos requisitos imposibles de justificar ante la peculiaridad de nuestra actividad profesional, al estar en el sistema de tributación fiscal “método de estimación objetiva”.

 

En reunión extraordinaria el pasado día 26 de marzo, el Consejo de Ministros, intentando buscar una simplificación de los requisitos solicitados mediante facturación de ingresos y gastos que demuestre una caída de la actividad en un 75% del promedio de los últimos seis meses al mes anterior de la solicitud, encuentran su fórmula en la acreditación de los datos que ofrezca el taxímetro, si no tenemos otro método de contabilidad, o cualquier otra fuente que acredite esa reducción de actividad. Pienso que es una inteligente tomadura de pelo que a futuro complicaría la actividad, ya que esta situación no viene a decir que es una flexibilización para el conjunto de los autónomos taxistas, pues exige la misma acreditación de facturación de ingresos que al autónomo general, siendo después, cuando evaluarían si la actividad cumplía los requisitos.

 

Debo decir que el sistema de módulos va enfocado a determinadas actividades y negocios por su peculiaridad, bares, comercios, peluquerías, taxistas, relación de bienes de consumo, reparación de vehículos automóviles, bicicletas entre otras muchas más actividades. Lo implantó en los años 90 el propio Ministerio de Hacienda incluyendo a un centenar de actividades en la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que desarrolla el Régimen de Estimación Objetiva, permitiendo una contabilidad menos detallada, ya que no es necesario llevar los libros de ingresos y gastos.

 

Esto es debido a que la propia Hacienda Pública establece una escala, que atiende a unos parámetros muy objetivos (kilómetros y personal asalariado), dentro de un conjunto muy variado de indicadores, como pueden ser el número de titulares, número de personal asalariado, potencia de los vehículos, promedio en la adquisición de autotaxis, etc, donde es la propia Hacienda la que hace una estimación del beneficio que obtiene nuestra actividad estableciendo una cantidad fija, aplicándose unos  porcentajes con los que se calcula el rendimiento integro.

 

Por otro lado, tanto el Gobierno central como el autonómico tienen suficientes datos de la caída económica que sufre nuestra actividad. Primero por el confinamiento de las personas, y segundo por las limitaciones puestas para los desplazamientos de los mismos, cuantificados hasta un 90% el descenso de otros modos de transporte.

 

Entonces, qué más quieren, si nuestras administraciones públicas tienen todos los datos habidos y por haber, con una declaración jurada bastaba.

 

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