El taxi advierte: reclamará indemnizaciones millonarias si se otorga derechos urbanos a las VTC
El conflicto entre taxi y VTC vuelve a escalar en la Comunitat Valenciana. El presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, ha lanzado una advertencia directa a la Generalitat: si se concede a las VTC algún derecho sobre el servicio urbano que, según sostiene, “nunca han tenido”, el sector del taxi reclamará indemnizaciones millonarias. El dirigente enmarca su posicionamiento en el “eterno debate” entre ambos modelos y sostiene que reconocer ahora esa posibilidad supondría alterar las reglas bajo las que ha operado el transporte público hasta la fecha.
Del Molino defiende que el taxi es un servicio público no solo por su reconocimiento legal y jurisprudencial, sino por su carácter regulado, con límites destinados —según expone— a proteger al ciudadano y garantizar un transporte profesional, seguro y con tarifas equilibradas. Frente a ello, describe a la VTC como un servicio empresarial privado cuyo modelo, afirma, persigue el monopolio y ajusta los precios en función de la demanda.
El comunicado también alude a procesos judiciales abiertos relacionados con seguros de responsabilidad civil y con la periodicidad de las inspecciones técnicas de vehículos, así como a supuestas prácticas de competencia desleal. Asimismo, contrapone el impacto económico de ambos modelos: sostiene que el taxista reinvierte sus ingresos en la economía local y contribuye al sostenimiento del estado del bienestar, mientras que parte de los beneficios de las VTC, afirma, se desvían a otros territorios.
Limitaciones vía judicial
En el plano jurídico, el presidente de la Confederación rebate la idea de que las VTC estén perdiendo un derecho adquirido. Asegura que nunca han contado con una autorización expresa vinculada a una matrícula que les permita realizar servicios íntegramente urbanos, salvo en el marco de un transporte interurbano. En relación con la restricción 1/30 anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio de 2023, sostiene que la decisión se debió a una falta de justificación normativa basada en el interés general, y no a la imposibilidad de que los Estados impongan limitaciones.
Del Molino recuerda que, según expone, las VTC no pueden utilizar carriles exclusivos de transporte público, recoger pasajeros a mano alzada, estacionar en vía pública ni circular sin servicio previamente contratado. Además, invoca la Directiva 2006/123 y la doctrina del tribunal europeo para defender que el transporte urbano puede quedar sujeto a una autorización adicional distinta de la interurbana, autorización que —afirma— las VTC no poseen.
En este contexto, critica que desde el sector de las VTC se hable de posibles indemnizaciones si se les restringe el servicio urbano y cita la Sentencia 3409/2023 del Tribunal Supremo, que, según señala, concluye que no existe un derecho adquirido sobre el servicio urbano, sino meras expectativas no indemnizables. Por el contrario, advierte de que sería el taxi quien podría reclamar “indemnizaciones millonarias” si la Generalitat otorgara ahora un derecho inexistente hasta la fecha.
El presidente de la Confederación concluye reclamando a la Generalitat que evite lo que califica de “selva” en el transporte de la Comunitat Valenciana y que no permita, en su opinión, un escenario que derive en la liberalización del sector de las VTC. A su juicio, la cuestión no debe centrarse en proteger a taxistas o multinacionales, sino en salvaguardar la seguridad y el futuro del servicio público en beneficio de los ciudadanos valencianos./TAMBIÉN ES NOTICIA