Juicio contra cuatro grandes propietarios de licencias de taxi por fraude millonario
La Fiscalía solicita penas de hasta diez años de prisión para cuatro grandes propietarios de licencias de taxi en Las Palmas de Gran Canaria, acusados de defraudar de manera continuada a la Hacienda Pública entre los años 2008 y 2012. Según el Ministerio Público, los acusados ocultaron importantes sumas de dinero procedentes de la explotación de sus licencias, alcanzando cifras millonarias en ingresos no declarados. Además, se reclama contra ellos la devolución de las cuantías supuestamente defraudadas y multas que superan en total los cuatro millones de euros.
Tal y como ha informado el diario La Provincia, el Juzgado de lo Penal número 4 de la capital canaria iniciará el próximo martes, 9 de septiembre, el juicio contra estos acusados, que se prolongará hasta el día 19 en un total de nueve sesiones. En la causa también están personados, como acusaciones particulares, tanto los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como la Agencia Tributaria. Los seis procesados –los cuatro gestores de licencias y dos supuestos cómplices de su entorno– están defendidos por distintos letrados.
El escrito de acusación sostiene que los acaparadores de licencias habían desarrollado estructuras similares para obtener beneficios irregulares. Su sistema consistía en captar titulares de licencias que ya no deseaban explotar el taxi y pagarles una renta fija mensual, alrededor de 500 euros. Posteriormente, ofrecían el vehículo a asalariados por turnos de 12 horas, quienes abonaban entre 40 y 70 euros por jornada, además de asumir el coste del combustible. La Fiscalía subraya que incluso los repostajes formaban parte del fraude, ya que los acusados percibían descuentos que presuntamente tampoco declaraban.
Las investigaciones apuntan a casos concretos: uno de los procesados llegó a controlar 31 licencias y habría ocultado más de tres millones de euros; otro pasó de once a 24 licencias en apenas cuatro años y, junto a su hijo, presuntamente defraudó 1,8 millones; un tercer gestor con 24 vehículos habría escondido 2,7 millones de ingresos, con la colaboración de su esposa; y un cuarto propietario con 15 licencias dejó de declarar más de medio millón de euros. Las penas solicitadas oscilan entre seis y diez años de cárcel, además de cuantiosas sanciones económicas.
El caso, que afecta directamente a la imagen del sector del taxi en Gran Canaria, pone en el foco la actividad de quienes acumulan un gran número de licencias y su influencia en la economía sumergida. Para la Fiscalía, se trata de un entramado que durante años funcionó de forma paralela al sistema fiscal legal, causando un grave perjuicio al erario público. La vista oral servirá para determinar si se confirman las acusaciones y cuál será la repercusión penal y económica para los implicados./TAMBIÉN ES NOTICIA