“Ha habido fraude tras fraude en la obtención de autorizaciones VTC”
La posible irrupción masiva de autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) en las Islas Baleares ha activado las alarmas en el sector del taxi. En las últimas semanas, la preocupación del colectivo se ha intensificado ante lo que consideran una amenaza directa al equilibrio del transporte público en un territorio insular ya tensionado por la estacionalidad y la saturación viaria. Desde la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares (FITIB) advierten de un escenario “desproporcionado” que, de materializarse, tendría graves consecuencias económicas y operativas.
El origen del conflicto se sitúa en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) que obliga al Govern a tramitar —aunque no a conceder— una solicitud de 600 autorizaciones VTC. Esta resolución se suma a otra anterior, relativa a 60 permisos más, lo que sitúa a la administración autonómica ante la obligación de reactivar un total de 660 expedientes. Un volumen que, según el sector del taxi, resulta incompatible con la realidad territorial y competencial del archipiélago.
Gabriel Moragues, presidente de la FITIB, denuncia además una “especulación descomunal” en torno a estas autorizaciones y cuestiona abiertamente la falta de actuación tanto del Estado como de la Fiscalía ante lo que considera un cúmulo de fraudes en la obtención de permisos. En esta entrevista concedida a La Gaceta del Taxi, Moragues analiza el alcance real de las sentencias, el marco legal aplicable, la responsabilidad de las administraciones y los riesgos de un modelo que, a su juicio, pone en jaque al transporte público en Baleares. Todo esto, además, semanas antes de la aprobación de un reglamento que nace con la intención de frenar los abusos de las VTC.
Gaceta del Taxi.- En las últimas semanas se ha multiplicado el número de informaciones sobre la posible expansión de las VTC en Baleares. La sentencia del TSJIB que obliga a tramitar, que no a conceder, una solicitud de 600 autorizaciones parece haber disparado la inquietud en el sector del taxi. ¿Cómo recibieron esta noticia?
Gabriel Moragues.- Estamos trabajando al máximo en este asunto. Hay pistas sobre nuestra estrategia que no quiero hacer públicas, porque esta competencia no tiene ningún escrúpulo y aprovecharía cualquier información para saber por dónde nos vamos a mover. Dicho esto, entendemos que, a raíz de estas 600 autorizaciones pendientes de tramitar, la comunidad autónoma de Baleares puede denegarlas todas.
Además, no es la única sentencia. Ya existe otra resolución judicial relativa a 60 autorizaciones VTC, e incluso hay otras muchas solicitudes para las que ni siquiera acudieron a los tribunales tras la suspensión acordada por el Govern en 2024 de no conceder más autorizaciones hasta la aprobación del reglamento que esperemos que vea la luz este mes de febrero.
En cuanto a las 660 autorizaciones afectadas por sentencia —las 60 primeras y las 600 conocidas en diciembre—, lo que dicen los tribunales es que hay que retrotraer los expedientes al momento de su solicitud. A partir de ahí, el Govern tiene que tramitar: bien contestar, bien requerir la documentación que considere necesaria. Y es precisamente en ese punto donde nosotros defendemos que esas autorizaciones pueden ser denegadas.
G.T.- ¿En base a qué legislación consideran que pueden rechazarse estas autorizaciones?
G.M.- A estas 660 no les afecta la ley autonómica de 2024. La única norma aplicable en el momento de la solicitud es el conocido decreto Ábalos de 2018. Si se aplicara ese decreto y se concedieran las autorizaciones, esas VTC seguirían sin poder realizar servicios urbanos.
Una de las cosas que cambió la legislación aprobada en 2024 es que homologó a las autorizaciones ya concedidas para poder hacer servicio urbano. Pero en el caso de estas 660 solicitudes no se puede aplicar ni el nuevo reglamento ni la ley de 2024 con efectos retroactivos. Del mismo modo que no se puede aplicar el nuevo reglamento hacia atrás, tampoco se les puede aplicar una ley posterior para beneficiarlas.
Además, en Baleares hay una casuística muy concreta que depende más de la voluntad política que de otra cosa. Estas autorizaciones son de ámbito nacional, pero aquí no se realiza transporte estatal. El transporte que se hace es insular y urbano. No tiene ningún sentido otorgar autorizaciones nacionales para trabajar en las islas, porque no hay transporte entre comunidades ni carreteras estatales. En Mallorca no hay ni una sola carretera estatal, y el transporte que transcurre íntegramente en la isla es competencia total y absoluta de la comunidad autónoma. Por tanto, hablamos de autorizaciones estatales para un tipo de transporte que aquí no se realiza.
G.T.- Más allá de esas 660 autorizaciones, en las últimas semanas se habla de hasta 10.000 VTC pendientes en Baleares. ¿De dónde procede esa cifra?
G.M.- Se debe a que hay muchas otras solicitudes que quedaron pendientes de tramitación por la suspensión introducida por la ley de 2024. Esa ley estableció una moratoria en la concesión de VTC hasta la aprobación de un reglamento que, en teoría, debería salir ahora en febrero. Todas esas solicitudes tendrán que tramitarse de una manera u otra, pero eso no quiere decir que todas sean iguales ni que deban concederse todas.
Aquí influyen muchas cosas: intercambios, voluntad política, puertas giratorias… La especulación es descomunal. No entendemos cómo el Estado no ha puesto orden ni por qué no ha intervenido la Fiscalía, porque estamos hablando de fraude tras fraude en la obtención de estos permisos.
Se han utilizado los mismos coches para solicitar autorizaciones en distintas comunidades autónomas; se han dado de baja vehículos en cuanto les concedían la autorización; se han presentado contratos de alquiler de vehículos sin conductor claramente fraudulentos; coches que nunca han estado realmente a disposición de la empresa o que directamente nunca han pisado la isla. En Ibiza hemos podido acreditar —y está pendiente en los tribunales— que algunos vehículos fueron transmitidos a particulares apenas dos meses después. En muchos casos, los coches aportados en la documentación ni siquiera estuvieron en Baleares. Es un fraude continuado, de distintas formas y de enorme gravedad.
El ejemplo de las Islas Canarias
G.T.- La ley autonómica de 2024 toma como referencia una norma estatal de junio de 2023 que permite a las comunidades limitar las VTC por razones ambientales o de espacio público. ¿El reglamento pendiente va en esa línea?
G.M.- Va en ese sentido, pero no solo en ese. También está orientado a regular el servicio de una forma más estricta y a adaptarlo a la realidad del transporte que se hace aquí, que es insular y urbano. En Baleares no se hace transporte autonómico ni estatal. En Mallorca se transporta gente dentro de la isla y, en muchos casos, dentro del mismo municipio.
Nuestra ley ya supedita la concesión de nuevas autorizaciones VTC a disponer previamente de una licencia urbana municipal, como ocurre con el taxi. Es decir, si no tienes una licencia urbana de un municipio, no se te puede conceder una autorización VTC. El problema es que esa exigencia no puede aplicarse con efectos retroactivos y, por tanto, no afectaría a las 660 autorizaciones de las que hemos hablado antes, aunque sí a la regulación del servicio una vez concedidas.
Además, reivindicamos lo mismo que ya ha hecho Canarias, donde existen sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratificadas por el Tribunal Supremo. En ellas se avala que la comunidad autónoma deniegue autorizaciones estatales porque en territorios insulares no se va a realizar transporte estatal. En Canarias y Baleares no hay transporte de una isla a otra, es físicamente imposible, y por tanto no puede haber duda de que el transporte que se realiza es competencia exclusiva de la comunidad autónoma.
G.T.- En todo caso, con esta nueva legislación el peso de esa licencia urbana de la que hablaba recae inicialmente sobre los ayuntamientos.
G.M.- En principio el espíritu de la norma era ese, pero al final no va a ser así. Estamos ante un proyecto a medio plazo para convertir toda la isla en un Área de Prestación Conjunta, lo que supondría que todo el territorio pasara a considerarse urbano. En ese escenario, la competencia dejaría de ser municipal y pasaría al Govern, porque toda la isla tendría carácter urbano.
Imagina que se conceden esas autorizaciones y que dentro de dos años todo el territorio es urbano. Las autorizaciones anteriores a la ley de 2024, como estas 660, solo podrían hacer servicio interurbano. Entonces, ¿qué podrían hacer realmente en Baleares?
Además, hablamos de un número muy importante de VTC. Aunque fueran “solo” 660 en la isla de Mallorca, con la estacionalidad que tenemos sería absolutamente devastador. En invierno no hace falta ni una sola autorización más. Ahora mismo, por ejemplo, cada taxi está trabajando unos 18 días al mes porque no hay trabajo suficiente. Las VTC prácticamente no hacen nada. Y luego, en verano, se produciría una desproporción brutal.
Nuestra ley, no obstante, sí prevé licencias temporales, tanto para taxis como para VTC, que además son intransmisibles. Para mí esa es la clave, porque ese sistema acaba con la especulación y permite cubrir las necesidades puntuales del verano sin crear un exceso estructural durante todo el año. No hacen falta licencias permanentes para doce meses cuando el problema se concentra en unos pocos meses.
La especulación: un “cachondeo” y una “golfería”
G.T.- Cuando se ha publicado en distintos medios la cifra de miles de VTC pendientes, ha vuelto a salir a la luz un problema recurrente: la saturación del espacio viario en Mallorca.
G.M.- Una cosa es una petición razonable y proporcionada, y otra muy distinta es hablar de 10.000 autorizaciones estatales cuando esas empresas no van a hacer transporte estatal, principalmente porque no se puede hacer en una isla. Por tanto, entendemos que las competencias recaen sobre la comunidad autónoma y queremos que el Govern dé un golpe sobre la mesa. Pero sabemos que todo depende, en gran medida, de la voluntad política.
G.T.- Habla de voluntad política, pero también de intereses creados.
G.M.- Claro. En el Parlamento hay distintos partidos, pero la voluntad política del Govern va a ser absolutamente clave. Hay muchos intereses creados. Existe un lobby conformado por empresas de VTC y por el sector hotelero, que además opera a nivel estatal. Hay puertas giratorias evidentes, antiguos representantes de Unauto vinculados a partidos políticos… Es un auténtico cachondeo.
Es una vergüenza que el Estado no haya puesto límites a esto y que la Fiscalía no haya intervenido, porque aquí se han hecho negocios con autorizaciones incluso antes de ser adjudicadas. Esto acabará en denuncias penales, porque ha habido fraude tras fraude: coches falsos, contratos de alquiler falsos, documentación manipulada… Es un escándalo y una golfería.
Han especulado sin poner un solo euro. No han pagado ni siquiera la tasa y, sin tener la autorización concedida, ya estaban haciendo negocio. Tenemos solicitudes con coches de Madrid para trabajar aquí y luego los han pillado con coches de aquí trabajando en Madrid. Es un escándalo sin precedentes y no entendemos cómo nadie les ha metido mano.
G.T.- En el caso de Ibiza, el número de solicitudes ha sido incluso superior al de Mallorca.
G.M.- En Ibiza se han solicitado el doble de autorizaciones que, en Mallorca, algo que no tiene ningún sentido. Las pidieron antes porque pensaban que podían moverse por toda la comunidad autónoma y porque allí el control era mucho más laxo. Luego la región reguló y se estableció que solo podían operar en Ibiza.
Las que ahora están dentro de la moratoria tendrán que ir a trabajar a la isla, y ahora tienen un problema serio que tendrán que resolver. Ibiza tiene muchos menos medios que Mallorca y, en teoría, lo que legisle o regule el Govern debería aplicarse de la misma manera allí.
Se ha anunciado la creación de un sello contra el intrusismo. Me parece muy bien, pero si luego se están concediendo autorizaciones a mansalva, no se comprueban los requisitos y no se verifica si los coches están realmente en la isla o no, sirve de poco. Se han pedido el doble de autorizaciones en Ibiza porque sabían que allí era más fácil conseguirlas./TAMBIÉN ES NOTICIA