Uber recurre y judicializa un decreto que pretende poner coto a las VTC
La compañía Uber ha vuelto a llevar a los tribunales una regulación sobre vehículos de transporte con conductor (VTC) en nuestro país. En este caso, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto aprobado en febrero por el Govern Balear para ordenar la actividad de taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC). La impugnación, dirigida al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, reabre un nuevo frente judicial en un sector marcado por la conflictividad normativa.
Según ha informado Diario de Mallorca, el recurso afecta a un reglamento impulsado por la Conselleria de Movilidad que desarrolla por primera vez la Ley 4/2014 de Transportes Terrestres de Baleares. El texto, compuesto por 63 artículos, pretende establecer un marco integral para un sector considerado estratégico tanto para residentes como para turistas.
El Govern de las Illes Balears justificó la aprobación del decreto en un contexto de fuerte transformación del transporte, condicionado por la presión sobre el territorio y por la sucesión de resoluciones judiciales en los últimos años. La normativa busca, según el Ejecutivo, aportar seguridad jurídica y fijar criterios objetivos que permitan controlar el número de licencias en un entorno insular limitado.
Uno de los pilares de la regulación es precisamente la limitación de nuevas autorizaciones de VTC en función de indicadores como la congestión del tráfico o la calidad del aire. La medida responde al elevado volumen de solicitudes registrado en 2023, cuando se superaron las 10.000 peticiones frente a un parque actual de algo más de 3.000 permisos entre taxis y VTC. El Govern considera que asumir ese crecimiento resultaría desproporcionado y ambientalmente inviable.
El decreto también introduce condiciones medioambientales —como la exigencia de distintivos ECO o de cero emisiones para buena parte de los vehículos—, regula la accesibilidad con porcentajes mínimos de flota adaptada y refuerza los mecanismos contra el intrusismo. En el caso de las VTC, se mantiene la obligación de contratación previa del servicio, aunque sin fijar un tiempo mínimo de antelación.
Desde el Ejecutivo balear reconocen que aún no se ha formalizado la demanda y que esperan conocer los argumentos concretos de la compañía antes de pronunciarse en detalle. No obstante, admiten que este movimiento “entraba dentro de lo previsible” en un escenario de elevada judicialización del sector, y defienden que la norma se ha elaborado teniendo en cuenta pronunciamientos judiciales previos y bajo criterios de sostenibilidad y de interés general./SI QUIERES CAMBIAR DE TAXI, CONSULTA AQUÍ TUS OPCIONES