El taxi lleva a los tribunales a un alcalde y senador por presunta prevaricación en el transporte sociosanitario
La justicia ha dado un primer paso en el conflicto abierto entre el sector del taxi en Cantabria y el Ayuntamiento de Vega de Pas. El Juzgado de Medio Cudeyo ha admitido a trámite la querella presentada por la Federación Cántabra del Taxi contra el alcalde del municipio y senador del PP por Cantabria, Juan Carlos García, por la supuesta prestación de un servicio de transporte sociosanitario sin la correspondiente habilitación legal.
Según ha adelantado Europa Press, la querella plantea posibles delitos de prevaricación administrativa al entender que el Consistorio habría implantado y mantenido un servicio de transporte de viajeros al margen de la normativa vigente. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Medio Cudeyo ha acordado incoar diligencias y trasladar las actuaciones al regidor para que pueda ejercer las acciones que estime oportunas.
La Federación Cántabra del Taxi sostiene en su escrito de querella que el Ayuntamiento es titular del vehículo con el que se realiza este servicio, que, según denuncia, se presta de forma “sistemática, continuada y pública” sin contar con autorización administrativa. El vehículo, identificado con la denominación ‘Transporte sociosanitario’ y con distintivos municipales, estaría realizando traslados habituales de personas dentro del municipio.
El colectivo considera que esta actividad encaja dentro de la categoría de transporte público regular de uso especial, una modalidad que exige autorización específica y que, además, solo puede ser prestada por personas físicas o jurídicas que ya dispongan de título habilitante para el transporte público de viajeros. A juicio de los taxistas, ni el vehículo ni la administración local cumplen con esos requisitos.
La querella subraya además que no se trataría de una actuación puntual o excepcional, sino de un servicio consolidado desde hace años. En este sentido, recuerdan que el propio Ayuntamiento aprobó en 2004 una ordenanza fiscal para regular el precio público de este transporte sociosanitario, lo que, según la Federación, evidencia la institucionalización de una actividad presuntamente contraria a la legislación estatal y autonómica.
Antes de acudir a los tribunales, la Federación Cántabra del Taxi asegura que trasladó esta situación tanto a la Dirección General de Transportes del Gobierno regional como al propio Ayuntamiento de Vega de Pas, sin que, según denuncian, se adoptaran medidas. El caso abre ahora un nuevo frente judicial sobre la prestación de servicios de transporte por parte de administraciones locales y su impacto sobre la actividad de los profesionales del taxi./TAMBIÉN ES NOTICIA
