La batalla por la regulación de las VTC en Baleares llega a los tribunales tras el recurso de la CNMC
La regulación del transporte de viajeros en Baleares suma un nuevo frente judicial. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido impugnar varios artículos del decreto autonómico que regula la actividad del taxi y las VTC, al considerar que algunas de las condiciones impuestas por el Govern balear exceden lo necesario para ordenar el sector y terminan restringiendo la competencia.
El recurso llega después de que el organismo intentara, sin éxito, que el Ejecutivo autonómico modificara el texto antes de su entrada en vigor. Al no prosperar ese requerimiento previo, la CNMC ha optado por trasladar el conflicto a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Aunque el decreto afecta tanto al taxi como a los vehículos de transporte con conductor, la mayor parte de las objeciones planteadas por Competencia se centran en las limitaciones impuestas a las VTC, especialmente en aspectos relacionados con el acceso al mercado y el funcionamiento de los servicios.
Uno de los puntos cuestionados es la decisión de limitar a tres el número máximo de solicitudes de autorizaciones VTC que puede presentar un mismo titular en cada convocatoria municipal. Para la CNMC, este límite dificulta la entrada de operadores y reduce la posibilidad de que existan empresas con una dimensión suficiente para ofrecer servicios más competitivos.
El organismo también discrepa de la prohibición de prestar servicios compartidos por plazas, una modalidad cada vez más extendida en otros mercados y que permitiría que varios pasajeros compartieran un mismo vehículo abonando únicamente la parte correspondiente de su trayecto. Según Competencia, impedir esta opción reduce la oferta disponible y elimina una alternativa que podría abaratar los desplazamientos y disminuir el tráfico urbano.
Otra de las medidas que han motivado el recurso es la posibilidad de intervenir los precios de las VTC en periodos de alta demanda. La CNMC considera que establecer límites a las tarifas dinámicas puede tener un efecto contrario al perseguido, ya que disminuiría el incentivo para que haya más vehículos disponibles precisamente cuando la demanda aumenta.
El organismo tampoco comparte la obligación de que las empresas publiquen sus tarifas en una página web. A su juicio, esta exigencia resulta innecesaria porque los usuarios ya conocen el precio antes de contratar el servicio a través de las aplicaciones móviles.
Las discrepancias no afectan únicamente a las VTC. La CNMC también pone en cuestión algunos requisitos comunes para taxi y VTC, como exigir que los vehículos destinados a nuevas autorizaciones tengan menos de dos años desde su matriculación o establecer una longitud mínima de 4,35 metros. El regulador entiende que estas condiciones limitan la incorporación de determinados modelos sin que exista una justificación suficiente en términos de calidad del servicio o seguridad.
La Comisión insiste en que no pretende anular el decreto en su totalidad, sino únicamente aquellos artículos que considera incompatibles con una competencia efectiva. Será ahora la justicia la que determine si las restricciones aprobadas por el Govern balear están suficientemente justificadas o si, por el contrario, suponen un obstáculo desproporcionado para el desarrollo de la actividad.
Por su parte, el Govern ha anunciado que defenderá en los tribunales el decreto al considerar que la norma es “imprescindible” para garantizar la movilidad insular.