El Supremo da la razón a un taxista que reclamaba la devolución de cobros abusivos ligados a un préstamo
El Tribunal Supremo ha dado la razón a un taxista madrileño que reclamaba la devolución de parte de los costes asociados a un préstamo de 41.500 euros, al considerar abusiva la comisión de apertura aplicada por la entidad financiera. La sentencia obliga a reintegrar cerca de 2.500 euros, además de otras cantidades vinculadas a cláusulas accesorias anuladas.
Según la información publicada por el medio Noticias Trabajo, el alto tribunal confirma que este tipo de comisiones deben estar justificadas y ajustarse a los estándares del mercado, algo que no se cumplía en este caso concreto, donde el importe superaba ampliamente los porcentajes habituales.
El préstamo fue suscrito en 2017 con garantía sobre la licencia de taxi, un elemento clave en la actividad profesional del demandante. La operación incluía un interés ordinario del 12,50% y un plazo de devolución de cinco años, condiciones que el Supremo considera válidas y dentro del rango del mercado alternativo de crédito, descartando así que exista usura en el contrato.
No obstante, la resolución sí aprecia un carácter abusivo en varias cláusulas adicionales. Entre ellas, la comisión de apertura —equivalente al 6% del capital—, así como otros cargos por impagos, certificados o gestiones administrativas, que no respondían a servicios efectivamente prestados o imponían cargas desproporcionadas al cliente.
El fallo también subraya que, en este tipo de operaciones con financieras no bancarias, la comparación de los intereses debe realizarse con el mercado específico de crédito alternativo y no con las estadísticas del Banco de España. Este criterio permite validar el tipo aplicado, pese a ser superior al de los créditos al consumo tradicionales.
En consecuencia, la entidad prestamista deberá devolver al taxista las cantidades cobradas indebidamente, junto con los intereses legales correspondientes. La sentencia refuerza la protección de los profesionales del taxi frente a prácticas abusivas en la financiación, especialmente cuando se utilizan activos esenciales como la licencia municipal como garantía./TAMBIÉN ES NOTICIA