Madrid apuesta por liderar la regulación del coche autónomo y el taxi recuerda su posición
La irrupción del vehículo autónomo en el transporte público de viajeros ya no es una hipótesis lejana ni una cuestión reservada a laboratorios tecnológicos o pruebas experimentales. La conversación ha entrado de lleno en la agenda política y regulatoria y, en ese tablero, la Comunidad de Madrid quiere jugar un papel protagonista.
Ese fue el principal mensaje que dejó la Jornada sobre el Desarrollo Regulatorio del Vehículo Autónomo, celebrada el pasado 23 de junio en la Fundación Pons e impulsada por el Instituto de Gobernanza de la Movilidad, donde representantes institucionales, operadores de movilidad y expertos del sector abordaron uno de los mayores desafíos regulatorios de los próximos años: cómo integrar la movilidad autónoma dentro del actual sistema de transporte.
La gran cuestión, y una de las que más preocupa al sector del taxi, es la fórmula administrativa con la que aterrizarán los llamados robotaxis. Sobre esto, la Comunidad de Madrid dejó una posición clara: no se crearán nuevas licencias específicas para este tipo de vehículos. Su despliegue inicial se realizará bajo autorizaciones VTC.
La afirmación, realizada por la subdirectora general de Transportes de la Comunidad de Madrid, Susana Gómez, supone uno de los anuncios más relevantes de los últimos meses para el sector del transporte urbano y dibuja un escenario que podría tener profundas implicaciones en la futura convivencia entre taxi, VTC y movilidad autónoma.
Según explicó Gómez, Madrid apuesta por una implantación progresiva y prudente, alejada de modelos como el de Inglaterra, donde sí se han habilitado permisos específicos para operar servicios autónomos de transporte de viajeros.
La decisión puede tener una gran trascendencia porque, con las competencias sobre VTC transferidas a las comunidades autónomas, el modelo que adopte Madrid puede convertirse en referencia para otros territorios. De hecho, la propia responsable autonómica lo reconoció de forma explícita: “Lo que hagamos en Madrid se va a replicar”.
Madrid quiere liderar la regulación
La jornada fue inaugurada por el director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres, quien defendió que el debate sobre la movilidad autónoma ya no puede plantearse como una cuestión futurista.
“No estamos aquí para hablar de ciencia ficción, sino para hablar de una realidad que ya está ocurriendo”, afirmó en la apertura del encuentro, marcando el tono de una jornada centrada en el desarrollo normativo de esta tecnología.
Torres insistió en que durante años la discusión giró en torno a la viabilidad tecnológica del vehículo autónomo, pero que el verdadero desafío ahora es otro: cómo integrarlo en un sistema ya regulado y altamente complejo como es el transporte público de viajeros.
En su intervención subrayó que el vehículo autónomo solo tendrá un verdadero efecto transformador cuando deje de entenderse como un elemento aislado y pase a formar parte de un ecosistema regulado y coordinado.
El responsable autonómico recordó que España ya cuenta con un marco estatal para autorizar pruebas de vehículos autónomos, aunque advirtió de que el gran reto empieza ahora: conectar esa fase experimental con la realidad normativa y operativa del transporte público.
Su mensaje final fue una declaración de intenciones: “La movilidad autónoma no se improvisa, se gobierna, y Madrid quiere gobernarla bien”.
Después de Luis Miguel Torres, tomó la palabra Daniel Serra, experto internacional en movilidad autónoma, que dio contexto a la situación internacional del vehículo autónomo. Posteriormente, Ramón Ledesma, director del Instituto de Gobernanza de la Movilidad y socio de Impulso by PONS, advirtió de los retos regulatorios de esta nueva modalidad de transporte.
Uno de los momentos más significativos de la jornada llegó durante la intervención de Susana Gómez, que quiso rebajar la carga conceptual que acompaña a este fenómeno. “La palabra robotaxi no nos gusta”, afirmó, aunque inmediatamente matizó que el debate debe abordarse con toda su dimensión estratégica. Gómez tuvo la oportunidad de debatir sobre la regulación futura del vehículo autónomo con Juan José Arriola, Subdirector General de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT.
En su posición, lejos de plantearlo únicamente como una nueva modalidad de servicio, Susana Gómez enmarcó la movilidad autónoma como una cuestión de país, vinculada al posicionamiento industrial y tecnológico de España. “Va de cómo queremos posicionarnos, hacia dónde queremos evolucionar y cómo queremos proteger la industria de automoción para que no nos coman”, señaló.
Uno de los argumentos más repetidos por la subdirectora fue la seguridad vial. Según defendió Susana Gómez, la reducción de la siniestralidad es una de las premisas centrales de este proceso.
La Comunidad lo ha dejado claro: quiere anticiparse y construir el marco antes de que el despliegue tecnológico obligue a legislar deprisa. Es, en cierto modo, una lección aprendida de lo ocurrido con las plataformas VTC en la última década.
Un proyecto piloto inminente
Madrid no quiere limitarse al debate teórico, y lo que se había anunciado hace semanas, se confirmó. Gómez anunció que la Comunidad ya trabaja en un proyecto piloto cuya puesta en marcha será inminente y del que se extraerán muchas de las necesidades regulatorias que darán forma al marco definitivo.
Ese piloto servirá como banco de pruebas para cuestiones clave: operación remota, interacción con usuarios, protocolos de emergencia, responsabilidad operativa y coordinación administrativa.
La Comunidad mantiene una colaboración estrecha con la Dirección General de Tráfico y contactos avanzados con el Ministerio de Transportes. Gómez definió esta relación como una cooperación “público-público”, destacando que ambos organismos están compartiendo cada paso del proceso.
Además, Madrid considera que la futura regulación debe tener una doble dimensión: estatal y autonómica. La intención es evitar lo que denominan “mosaicos de regulaciones locales” que puedan generar fragmentación o inseguridad jurídica. Sin embargo, reconocen que los ayuntamientos tendrán un papel clave, especialmente en la formación de policías locales, adaptación operativa y protocolos de intervención.
El taxi entra en la conversación
Pero si hubo un actor que siguió con especial atención cada intervención, ese fue el taxi. La jornada concluyó con una mesa de debate en la que participó Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), junto a representantes de Uber, Bolt y FreeNow.
Sanz calificó el debate como “trascendente e importantísimo” y dejó claro que el taxi no cuestiona la llegada del vehículo autónomo, pero sí exige que su implantación se haga bajo reglas claras.
“El sector del taxi es un sector regulado en beneficio de los usuarios”, recordó, subrayando que experiencias pasadas han demostrado que algunas empresas han operado al margen de la normativa. En ese contexto, recordó el precedente de UberPop en 2014, cuando la plataforma comenzó a operar con vehículos privados sin ajustarse al marco legal existente.
Para Sanz, ese episodio es una advertencia de lo que no debe repetirse. “Queremos garantías y responsabilidades para preservar los derechos de los usuarios”, insistió.
El taxi reivindica su adaptación
Frente a la narrativa de disrupción tecnológica, Sanz quiso reforzar la idea de permanencia y adaptación del taxi. Recordó que el sector lleva más de cien años formando parte del ecosistema urbano y que ya ha demostrado su capacidad de transformación. Puso como ejemplo la digitalización y la transición medioambiental, así como herramientas como Pidetaxi, que integra a 18.000 taxistas.
“El taxi se adapta, hemos sido los primeros en adaptarnos en tecnología y a nivel medioambiental. El taxi se adaptará al vehículo autónomo, al igual que sobrevivió a la llegada de las plataformas”, afirmó.
El mensaje es importante porque desplaza al taxi de una posición defensiva a otra de participación activa en el diseño del futuro modelo. No como espectador, sino como actor regulado con experiencia.
Isabel García Frontera, directora de FreeNow, fue un paso más allá y aseguró que el taxi debe ser actor desde el principio en la movilidad autónoma, para evitar que suceda como con el desembargo de las plataformas de VTC.
Formación, control y vigilancia
Otro de los puntos que emergió durante el debate en el que también estaban Bolt y Uber, fue la necesidad de preparar a la administración para controlar este nuevo escenario. Sanz advirtió que una transformación de este calibre requerirá formación específica para los agentes encargados de supervisar su cumplimiento.
Recordó que, todavía hoy, muchos agentes en la Comunidad de Madrid no han recibido formación suficiente sobre la normativa VTC, lo que demuestra que cualquier innovación tecnológica necesita un soporte regulatorio y operativo sólido.
La propia Susana Gómez recogió esa preocupación y animó al sector del taxi a participar activamente en la modificación de la Ley de Transportes de la Comunidad de Madrid. “Para nosotros el taxi es un servicio prioritario, pero necesitamos propuestas concretas”, trasladó la subdirectora al representante del sector. La respuesta de Sanz fue inmediata: “Nos gusta que se cuente con nosotros”.
El modelo que viene
Otro de los elementos avanzados por la Comunidad es que, por ahora, en lo relativo al vehículo autónomo, no será necesario exigir un seguro de responsabilidad civil adicional para estos vehículos, al considerar que la cobertura actual ya protege al pasajero.
También trabaja en la figura del operador remoto, una pieza central en el funcionamiento de este modelo, y ha adelantado que esos operadores deberán estar radicados en España. Son cuestiones técnicas, pero decisivas porque detrás del vehículo autónomo no solo hay software y sensores. Hay responsabilidad jurídica, supervisión humana y un nuevo reparto de funciones dentro del transporte.
La jornada del 23 de junio dejó claro que desde la Comunidad de Madrid quieren liderar esa transición. También dejó claro que el taxi no piensa quedarse al margen.
La tecnología avanza. La regulación empieza a correr detrás, pero esta vez con una diferencia: la intención declarada de anticiparse. Y en ese proceso, el equilibrio entre innovación, seguridad, competencia y servicio público será el terreno donde se decidirá cómo será la movilidad urbana del futuro.