Dudas sobre la nueva herramienta de VTC en Madrid: “No hay necesidad técnica real”
El anuncio de la Comunidad de Madrid sobre su intención de desarrollar una herramienta específica para controlar los servicios urbanos de las VTC ha suscitado dudas desde el punto de vista jurídico y regulatorio, pese a desconocerse los detalles. Así lo plantea Ignacio Castillo, presidente de Asociación Plataforma Caracol, en una reflexión en la que cuestiona la necesidad real de esta herramienta.
Castillo recuerda que los servicios de VTC ya están sometidos a un control exhaustivo a través del registro estatal dependiente del Ministerio de Transportes. En este sistema deben comunicarse previamente todos los datos de cada servicio —vehículo, conductor, origen, destino o horario—, y no se trata de un mero registro estadístico: las fuerzas policiales pueden acceder en tiempo real para verificar la actividad de los vehículos durante las inspecciones.
En este sentido, subraya que las administraciones públicas disponen desde hace años de información completa y precisa sobre los servicios realizados por las VTC, incluidos los urbanos. De hecho, la propia Comunidad de Madrid ha reconocido en distintas ocasiones que tiene acceso directo a estos datos y que ha analizado millones de trayectos, llegando incluso a ofrecer cifras basadas en este registro.
Por ello, el anuncio de una nueva aplicación autonómica para “contar” o “controlar” estos servicios resulta, a su juicio, llamativo. Si la información ya existe y puede consultarse en tiempo real, considera que no hay una necesidad técnica evidente que justifique la creación de una herramienta adicional.
La reflexión introduce además un elemento clave: la normativa autonómica impulsada por el Gobierno regional —conocida popularmente como “Ley Uber de Ayuso”— permitió la continuidad de la actividad de las VTC tras el fin de la moratoria estatal. Según la interpretación defendida por la propia administración, estas autorizaciones habilitan a las VTC a operar tanto en servicios urbanos como interurbanos dentro de la región.
A partir de este marco, Castillo plantea una contradicción: si la actividad urbana de las VTC es legal según la normativa autonómica, resulta difícil explicar por qué se pretende desarrollar una aplicación específica para controlarla, especialmente cuando ya existe un sistema estatal operativo y accesible.
Asimismo, apunta que este anuncio llega en un momento tardío, varios años después de la aprobación de la normativa y tras más de una década de expansión del sector VTC. Esto refuerza la idea de que la iniciativa responde más a una voluntad de visibilizar el control administrativo que a una necesidad técnica real.
En conclusión, la creación de esta aplicación, que de momento solo ha sido comentada en un desayuno informativo, puede interpretarse "como un instrumento de organización o de relato institucional, pero no como una herramienta imprescindible", explica Castillo, dado que la información sobre la actividad de las VTC ya ha estado disponible para las administraciones desde hace años./TAMBIÉN ES NOTICIA