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El taxi denuncia a Uber ante la Policía Judicial por presuntos delitos económicos, fiscales y laborales

Imagen de archivo de una protesta del sector en Barcelona Más imágenes en Depositphotos España.

Élite Taxi Barcelona ha interpuesto este miércoles una denuncia formal contra Uber ante la Policía Judicial de la Guardia Civil, concretamente ante el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica, una unidad especializada en la investigación de delitos económicos, fiscales y societarios. La organización del taxi señala que ha acudido directamente a este ámbito policial por la gravedad de los hechos que denuncia.

La denuncia va acompañada de un informe jurídico y técnico de 72 folios, elaborado por el departamento jurídico de Élite Taxi Barcelona, en el que se recogen indicios que la entidad califica como graves, estructurales y continuados de posibles delitos económicos, fiscales y laborales cometidos por Uber en su operativa en España.

Entre los hechos denunciados, la documentación aportada apunta a la existencia de un entramado societario internacional que tendría como finalidad eludir obligaciones fiscales, desviando ingresos generados en España hacia jurisdicciones con baja o nula tributación. Asimismo, se señalan prácticas presuntamente fraudulentas en materia de IVA, basadas en una simulación de la realidad económica del servicio.

El informe elaborado por la asociación de taxistas también recoge indicios de ingeniería fiscal y societaria destinada a vaciar de contenido económico a las filiales españolas, así como una vulneración sistemática de derechos laborales, mediante el uso de falsos autónomos y la ocultación de relaciones laborales reales entre la plataforma y los conductores.

Según el análisis conjunto de los hechos, Élite Taxi concluye que Uber opera de facto como una empresa de transporte en España, al controlar precios, cobros, condiciones del servicio y la organización del trabajo, lo que, a su juicio, genera graves distorsiones económicas, fiscales y competitivas. Desde la organización subrayan que los hechos denunciados no constituyen meras irregularidades administrativas, sino que presentan una dimensión penal, organizada y estructural./TAMBIÉN ES NOTICIA