Denunciada una empresa de VTC por operar en Catalunya con coches domiciliados en Madrid
Un grupo de taxistas de Barcelona ha presentado una denuncia ante la Dirección General de la Policía en Catalunya contra una empresa de VTC que, según sostienen, tendría al menos cinco vehículos con la domiciliación presuntamente falsificada. La denuncia se basa en la consulta de registros de información pública del Ministerio de Transportes, donde los vehículos figurarían domiciliados en Madrid pese a operar en Catalunya, circunstancia que no estaría permitida para la prestación del servicio en esta comunidad autónoma.
Los taxistas, integrados en Iguala Jurídica del Taxi y representados por Xavier Aguilar, han hecho públicas diversas capturas de pantalla en las que, según explican, se evidenciaría esta presunta falsificación documental. Aguilar asegura que la empresa estaría incurriendo en un delito y ha solicitado a las asociaciones del sector que se pronuncien públicamente para aclarar qué trámites o actuaciones piensan llevar a cabo ante estos hechos.
Se trata de el paso previo para que desde la Fiscalía se produzca la apertura de una investigación y la interposición de una querella penal contra la empresa denunciada. En este contexto, los taxistas esperan una respuesta por parte de las distintas organizaciones del taxi de Barcelona para conocer qué medidas adoptarán frente a estas VTC que, presuntamente, estarían cometiendo un delito de falsificación documental y operando en Catalunya sin cumplir los requisitos exigidos. “Queremos saber qué hacen las asociaciones para defender al taxista”, ha afirmado.
No es la primera vez que esta problemática se aborda públicamente en los últimos días. El presidente de la Federación Independiente del Taxi de Baleares, Gabriel Moragues, ya expresó anteriormente su perplejidad ante la falta de actuaciones frente a este tipo de prácticas.
Pasos judiciales contra esta irregularidad
Desde Iguala Jurídica, el colectivo de taxistas de Catalunya que representa Aguilar, se ha planteado además una reflexión pública sobre la vía jurídica más adecuada para afrontar este tipo de situaciones. Iguala Jurídica subraya que, para que la Fiscalía pueda iniciar una investigación, es imprescindible la presentación de una denuncia formal acompañada de indicios o pruebas suficientes. En ausencia de dicha denuncia, resulta comprensible que el Ministerio Fiscal no actúe de oficio, ya que no puede abrir diligencias sin una base jurídica mínima. En el caso de que la denuncia sí exista y, aun así, no se produzca actuación alguna, la vía correcta sería acudir directamente al juzgado penal, preferiblemente mediante una acción colectiva y organizada, dada la dimensión del problema.