Siguiendo las acciones emprendidas por UGT, que pedía a la Fiscalía que investigase la retira de licencias en Santa Cruz, la Federación del Taxi de la Unión Sindical Obrera (USO) ha cursado dos denuncias porque, a su parecer, el rescate va contra la ley de transportes vigente regulada por el Decreto 763/79 de 16 de marzo, que en su artículo 14 prohíbe la venta y el pago de cantidad alguna por las licencias.

En el escrito se expone que “las licencias administrativas de auto-taxi cuyos beneficiarios no reúnan los requisitos de transmisibilidad a favor de un tercero previstos en el Real Decreto 763/1979 (…) deberán renunciar a la titularidad de dicha licencia, lo que no conlleva el pago de suma alguna a cargo de dinero público en concepto de indemnización, por lo que conforme a lo estipulado, podríamos encontrarnos ante un posible delito de malversación de fondos públicos”. En este caso, se estaría hablando de un desembolso compartido entre Ayuntamiento y Cabildo de unos 2.400.000 euros.

El responsable de esta área, Pedro Pérez Rolo confirmaba a Diario de Avisos este hecho. Apuntaba además que, aunque el pasado 27 de abril formalizó la denuncia contra el Ayuntamiento de Santa Cruz, días después lo ampliaba con la inclusión del Cabildo “por ser copartícipes en el abono de ciertas cantidades dinerarias acordadas para llevar a cabo el rescate” de 60 licencias en una primera fase.

Por tanto, el Pérez Rolo confía en que la denuncia ante la Fiscalía paralice el proceso de rescate y abra un diálogo con el Ayuntamiento que resuelva el conflicto y ofrezca una solución a todos los implicados.