Operativo contra ilegales en Castilla y León

 

En colaboración con el Gobierno, la Junta de Castilla y León prepara un plan de inspecciones en carreteras para detectar vehículos que transportan pasajeros sin la correspondiente autorización. 

 

Esta iniciativa se realiza por la aparición de plataformas que ponen en contacto conductores y usuarios como alternativa al servicio de transporte. También por las denuncias interpuestas por taxistas de Valladolid, que denuncian que existen particulares que realizan servicios en su ciudad. 

 

El plan de la Junta, conocido por Ical, sigue la ‘hoja de ruta’ fijada por el Ministerio de Fomento que ha advertido de que aquellos que realicen estos servicios, los oferten o los facturen incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros, que podría aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración. También, los usuarios podrían ser sancionados con el pago de 401 a 600 euros. 

 

El personal de la Comunidad dedicado a este plan esta integrado por 65 funcionarios dedicados a labores administrativas y 23 agentes de inspección de transporte, pertenecientes a las secciones de Explotación e Inspección. Además, cuenta con el apoyo de 58 especialistas en transporte de la Guardia Civil, de un total de 1.462 agentes que colaboran con estas tareas.