Una Plataforma jurídica defenderá en los tribunales al taxi andaluz

 Esta semana ha quedado constituida en el municipio onubense de Cartaya una Plataforma de carácter jurídico para defender en los tribunales pertinentes los intereses  individuales y colectivos de los taxistas “de forma plural e independientemente de la organización empresarial a la que puedan pertenecer”, según indicó a Huelva Información, el promotor y experto en transporte Juan Antonio Millán.

 

 

El principal motivo de esta iniciativa es el Decreto 35/2012, regulador de la actividad del taxi, que la Junta de Andalucía pretende aplicar con carácter retroactivo a todo el sector. Dicha norma, afirma la Plataforma, obligará a disolverse o cambiar de régimen a aquellos que han venido ejerciendo tradicionalmente tal actividad como personas jurídicas (sociedades limitadas o cooperativas) para poner sus licencias a nombre de personas físicas.

 

 

A la reunión constituyente de la nueva entidad  de nombre completo Plataforma de Fomento de la Movilidad Sostenible en el Medio Rural, Metropolitano y Turístico, asistieron representantes de un total de 300 profesionales andaluces, la mayoría de ellos rurales y especialmente de las provincias de Huelva y Sevilla, los cuales se sumaron a la iniciativa.

 

La idea es  trabajar para que la Junta de Andalucía “no nos prive de derechos que hemos adquirido de forma legítima e indefinida”,según recoge el documento de constitución, donde  se añade  el deseo de “continuar ejerciendo la actividad de taxista como personas jurídicas y trabajadores autónomos en el marco de la economía social y en el medio rural, costero y con población dispersa, o en aglomeraciones urbanas”.

 

También contemplan su derecho a modernizarse y evolucionar “para ser más útiles, competitivos y poder atender nuevos nichos de mercado”. Una de sus reivindicaciones se va a centrar ampliar el número de plazas de sus taxis de 5 a 7 ó 9, “siempre que los ayuntamientos otorguen las licencias municipales de autotaxis”.

 

Combatir La LOTT

La modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), aprobada por el Gobierno el pasado mes de diciembre y en tramitación en el Congreso para su entrada en vigor previsiblemente en junio, será otro de los ejes de la lucha de la nueva plataforma.

En su opinión, el Ministerio de Fomento no ha cumplido su promesa de incluir la proporcionalidad 30/1 entre licencias de VT (taxis) y VTC (alquiler con conductor). Asimismo a su juicio “invade las competencias en materia de empresas cooperativas de Andalucía con el único objeto de dificultar el eficaz funcionamiento de este tipo de empresas de transportes de nuestra comunidad autónoma”.

 

Aspecto que también recoge el documento al indicar que el Gobierno autonómico y el central “no están cumpliendo lo acordado y están pensando únicamente en la protección de un segmento del transporte público regular que, aunque importante, resulta cada día más insuficiente”. Así, añaden, “se deja de pensar en el ciudadano y en sus necesidades de movilidad inmediata, flexible y personalizada”.

 

No a la retroactividad

Señalan además que “no se puede hacer restricciones de derechos legítimamente adquiridos y aún menos aplicando normas con carácter retroactivo y causando daños a taxistas que trabajan bajo la figura de personas jurídicas y con más de un taxi con derecho a tener hasta 9 plazas.

 

Para solucionar la mayoría de las cuestiones planteadas por los taxistas constituidos en la plataforma “bastaría que no se aplicase el Decreto con carácter retroactivo a los taxistas ya establecidos”

 

En caso de que la Administración andaluza mantenga sus previsiones, la Plataforma “prepara un modelo de recurso indirecto contra el Decreto” que presentarían los profesionales afectados “añadido a cualquier recurso que se derive de aplicaciones que consideramos no ajustadas a derecho”. La plataforma está dispuesta a acudir si fuese necesario por la vía contencioso-administrativa, el Tribunal Constitucional o “en último caso a la justicia europea”.